El informe se ha elaborado con datos recabados de 24 espacios naturales, algunos de ellos de España (de las Comunidades Autónomas de Asturias, Madrid, Valencia y Canarias) y las informaciones obtenidas por reuniones y visitas realizadas por los auditores.
El informe concluye que la gestión la red Natura 2000 por los Estados miembros no ha sido suficientemente buena. Los principales problemas encontrados tienen que ver con:
- Deficiente coordinación entre las autoridades competentes y las partes interesadas y Estados miembros vecinos.
- Medidas de conservación adoptadas con retraso o definidas de forma no adecuada.
- Falta de evaluación de los proyectos que afectaban a los lugares Natura 2000.
- Difusión mejorable de las orientaciones de la Comisión para los Estados miembros.
El informe reconoce que la Comisión ha tramitado un elevado número de denuncias, generalmente buscando soluciones con los Estados miembros, pero también iniciando procedimientos de infracción en caso necesario.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas considera que, como los Estados miembros han decidido utilizar fondos existentes de la UE como complemento a los propios, los recursos para financiar la gestión de la Red Natura 2000 no se han movilizado adecuadamente. Además, se constata en el informe que falta información fiable sobre lo que cuesta sufragar el mantenimiento de los espacios protegidos por la Red y las necesidades financieras para hacerlo. De hecho, los auditores señalan que en los planes de gestión revisados no solían incluir una evaluación de los costes y que en la programación de los fondos para 2014-2020 no se reflejaban plenamente las necesidades de financiación, ni los regímenes de financiación se ajustaban de manera suficiente a los objetivos de conservación de los espacios Natura 2000.
Los autores del informe señalan igualmente un gran número de deficiencias generalizadas en relación a la actuación de la gestión de la Red:
- Ausencia de indicadores de resultados del uso de los fondos de la UE.
- Indicadores centrados en objetivos generales de conservación de la biodiversidad, más que en objetivos concretos de conservación de los espacios.
- Ausencia de planes de vigilancia en los planes de gestión.
- Falta de actualización de la información sobre los lugares protegidos e información incompleta.
Las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas se centran en:
- Lograr la plena aplicación de las Directivas sobre la Naturaleza de la UE (más coordinación entre autoridades, completar las medidas de conservación de espacios designados hace más de seis años, más divulgación e información).
- Financiación y contabilidad de los costes de la Red Natura 2000 (estimación exhaustiva de los costes de mantenimiento y gestión de red y de las necesidades de financiación, garantizar la coherencias entre los marcos de acción prioritaria y la programación de la financiación).
- Medición de los resultados logrados por la Red (mediante indicadores específicos de conservación y planes de vigilancia para medirlos).
En opinión de Unión de Uniones, bastante atinado el informe del Tribunal de Cuentas, que pone en negro sobre blanco algunas de las cosas que los agricultores y ganaderos estamos denunciando.
Sin ir más lejos, en los Planes de Gestión de las ZEPAs Esteparias que en estos momentos se hayan en trámite de elaboración, los conflictos están surgiendo precisamente, en primer lugar, porque no hay una información actualizada de las poblaciones de aves esteparias y su evolución que delimiten correctamente las zonas en la que se deberían aplicar las medidas de protección y qué medida en cada zona. Y, en segundo lugar, sobre todo, que esas medidas de conservación, que implican restricciones a la actividad económica en muchos casos, se quieren poner en marcha sin haber evaluado cual es el coste que tiene implantarlas para compensar a los agricultores y ganaderos afectados, ni se han estimado cuanto dinero va a hacer falta ni si que cuenta de verdad con la financiación para afrontarlo.