La Comisión ha insistido en la sesión ministerial en llevar a cabo la medida aunque postergando su aplicación un año, es decir, a partir del 1 de enero de 2018.
Desde la entrada en vigor de la Reforma de la PAC del orden de más de 300.000 agricultores en España y 45.000 en Castilla-La Mancha vienen obligados a respetar determinadas prácticas agroambientales para acceder a la parte “verde” de las ayudas directas, entre las cuales está la de reservar el 5 % de su explotación como superficie de interés ecológico, pudiendo optar para respetar esta exigencia por la implantación de cultivos fijadores de nitrógeno.
Gracias a la entrada en vigor de esta medida, las siembras de proteaginosas, de las que somos deficitarios, se incrementaron en un más de un 33 % entre la campaña PAC 2014 y la 2015, sobre todo en cultivos como el guisante o las habas, e igualmente experimentaron crecimientos notables las siembras de alfalfa y veza; producciones que cumplen un importante papel de fijación del nitrógeno en el suelo. En España en la primera campaña de aplicación del greening unos 50.500 agricultores han acreditado como superficie de interés ecológico más de 711.000 hectáreas de cultivos fijadores de nitrógeno. En Castilla-La Mancha, son 10.200 los agricultores que optaron por esta opción, con una total de 170.000 hectáreas sembradas de leguminosas y proteaginosas.
La prohibición del uso de fitosanitarios en estas superficies representa una dificultad importante para el mantenimiento de estas producciones, propensas a ataques de plagas, y que sin los adecuados tratamientos, pueden mermar los rendimientos hasta arruinar la cosecha. La imposibilidad de realizar dichos tratamientos, tal y como propone la Comisión tendría un efecto ambiental negativo y contrario al pretendido; en primer lugar porque se reduciría la superficie de cultivos fijadores de nitrógeno, lo que aumenta la necesidad de aporte de fertilizantes al suelo y, por otro lado, porque las reducciones de producción de proteaginosas y leguminosas, en las que somos deficitarios, se cubren con mayores importaciones de cultivos como la soja, en su mayor parte transgénicos.
Esta cuestión fue abordada ya durante las discusiones de la Reforma de la PAC y que no hubo un consenso de los Estados para implantarla. La Comisión pretende ahora “colarla por la puerta falsa” mediante una reglamento delegado, pese a la oposición expresamente manifestada en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de este lunes pasado, por un conjunto de 18 países (Polonia, Rep. Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Letonia, Luxemburgo, Lituania, Hungría, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Suecia., Finlandia y Reino Unido).